Quirno y Greer modificaron el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos tras el fallo sobre los aranceles. El Congreso deberá ratificarlo

El acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos tendrá una nueva instancia en el Congreso argentino después de que ambos gobiernos modificaran su texto original. La actualización se produjo tras el fallo de la Corte Suprema estadounidense que invalidó los aranceles globales promovidos por Donald Trump y en medio de las dificultades del oficialismo para reunir los votos necesarios para aprobar el entendimiento.

El nuevo protocolo fue suscripto por el canciller argentino, Pablo Quirno, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, según informaron las autoridades de ambos países.

La revisión responde a dos obstáculos que enfrentaba el acuerdo: por un lado, las consecuencias jurídicas de la sentencia estadounidense; por otro, la falta de apoyos legislativos suficientes en la Argentina. La administración de Javier Milei había advertido a Washington que no tenía garantizada la ratificación parlamentaria.

Qué condiciones mantiene el acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU.

El texto actualizado suprime las referencias específicas a los aranceles recíprocos alcanzados por el fallo judicial. La modificación permite adaptar el documento al nuevo escenario sin abandonar el entendimiento bilateral firmado en febrero.

Uno de los puntos que se mantienen es el tratamiento arancelario de nación más favorecida para los productos argentinos, cuya vigencia fue reafirmada por Estados Unidos conforme a las condiciones acordadas entre los dos países.

Quirno destacó el efecto que el acuerdo puede tener para las empresas exportadoras argentinas y señaló que los cambios permitirán consolidar «la previsibilidad para las exportaciones argentinas al mercado estadounidense».

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) también ratificó su intención de avanzar con el proceso bilateral. «Esperamos seguir colaborando con Argentina en la ratificación y la aplicación de este acuerdo histórico», expresó el organismo.

Qué falta para que entre en vigor

La firma de las enmiendas no completa por sí sola el proceso de aprobación. El documento deberá pasar por el Congreso argentino, donde el oficialismo necesita construir una mayoría que permita ratificar el acuerdo.

El Gobierno de Milei busca que la actualización facilite ese trámite y permita continuar profundizando los vínculos económicos con la administración de Donald Trump.

En ese marco, Quirno presentó el entendimiento como parte de una «agenda de nueva generación en materia de comercio, financiamiento e inversión» entre Argentina y Estados Unidos.

La ratificación parlamentaria será, por lo tanto, el próximo paso para avanzar hacia la aplicación del acuerdo, en un contexto en el que ambos gobiernos mantienen una estrecha relación política y económica.

Qué alcance económico tenía el acuerdo original

El entendimiento firmado en febrero contempla cambios en el intercambio comercial entre ambos países, con compromisos de apertura de mercados y reducción de barreras. Según los datos difundidos por el Gobierno argentino, Estados Unidos previó eliminar aranceles recíprocos para 1.675 productos nacionales, una medida que permitiría recuperar exportaciones por unos u$s1.013 millones.

Del lado argentino, el pacto incluyó la eliminación inmediata de aranceles para 221 posiciones arancelarias de productos estadounidenses y una reducción al 2% para otras 20. También contempló cupos con arancel cero para determinados bienes, entre ellos 80.000 toneladas de carne vacuna, hasta 10.000 vehículos y 1.000 toneladas de quesos.

El acuerdo abarca, además, compromisos sobre:

Propiedad intelectual

Comercio digital

Estándares regulatorios

Procedimientos aduaneros

Su implementación también apunta a facilitar inversiones estadounidenses en áreas como energía, infraestructura, tecnología y minerales críticos.

Estas condiciones corresponden al entendimiento original y deberán leerse a la luz de las modificaciones que ambos gobiernos introdujeron tras el fallo judicial en Estados Unidos.