El Ejecutivo delegó a la Secretaría de Transporte la facultad de renegociar concesiones de carga, establecer nuevas condiciones de inversión y asumir el control de nodos logísticos estratégicos

El Gobierno nacional oficializó un nuevo paso en la reestructuración del sistema ferroviario argentino. A través del Decreto 478/2025, publicado en el Boletín Oficial, se modificó el artículo 2 del Decreto 1027/2018 para delegar en la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía la potestad de adecuar los contratos de concesión ferroviaria vigentes. La medida se inscribe en el contexto de la emergencia pública ferroviaria declarada en junio de 2024 y busca redefinir el futuro del transporte de cargas por tren en todo el país.

La resolución tiene impacto directo en tres de los principales corredores ferroviarios de carga: el operado por Ferroexpreso Pampeano (Rosario–Bahía Blanca), el de Nuevo Central Argentino (Línea Mitre) y el de Ferrosur Roca (Línea Roca). Estos trazados resultan estratégicos para la logística nacional, ya que conectan las zonas productivas del país con los principales puertos de exportación.

Emergencia ferroviaria y foco logístico

En 2024, el Poder Ejecutivo declaró la emergencia pública en materia ferroviaria por 24 meses, prorrogables por única vez, con el objetivo de mejorar la infraestructura, seguridad operativa y eficiencia del transporte ferroviario de cargas y pasajeros. El nuevo decreto se alinea con esa estrategia, permitiendo al Ejecutivo actuar con mayor flexibilidad mientras se evalúa el modelo de gestión más adecuado para el sistema ferroviario.

Desde ahora, la Secretaría de Transporte podrá extender plazos de concesión, revisar planes de inversión, y establecer nuevas condiciones para la asignación de material rodante y el mantenimiento de la red. Además, se ratifica que la zona de acceso a puertos será administrada por la empresa estatal Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), lo que permitirá reforzar el control en los nodos logísticos más sensibles.

Accesos a puertos bajo administración estatal

Uno de los aspectos más destacados del decreto es la centralización estatal de los accesos ferroviarios a los puertos, tradicionalmente administrados por concesionarias privadas. Esta decisión busca garantizar la transparencia, la equidad operativa entre distintos actores y la eficiencia en la transferencia intermodal de cargas.

En términos logísticos, esto podría implicar menos congestión en zonas portuarias, reducción de costos derivados de conflictos operativos, y una planificación más integrada de los flujos de exportación e importación, clave para mejorar la competitividad argentina en los mercados internacionales.

Inversiones, mantenimiento y control

El nuevo marco también establece que los contratos deberán contemplar obligaciones claras de inversión, mecanismos de reembolso por mantenimiento a cargo de terceros, y pautas para la realización de obras privadas en la red ferroviaria. Estas medidas apuntan a profesionalizar y transparentar la gestión del sistema, estableciendo incentivos adecuados para su desarrollo.

Además, se podrán renegociar condiciones contractuales con las actuales concesionarias, lo que abre la puerta a una eventual extensión por un período no mayor a diez años, siempre y cuando se cumplan las nuevas exigencias.

Un modelo en transición

Con esta medida, el Estado avanza en su intención de redefinir el modelo ferroviario argentino, explorando opciones mixtas que combinen gestión estatal, participación privada y mecanismos de control más robustos.

La continuidad o finalización de las concesiones dependerá de los acuerdos alcanzados, pero el mensaje es claro: el transporte ferroviario de cargas dejará de ser un servicio marginal para convertirse en un eje estructural de la política logística nacional.

En paralelo, se espera que estas decisiones dinamicen el transporte intermodal, alivien la presión sobre el transporte por carretera y generen nuevas oportunidades para las economías regionales, al mejorar su conexión con los mercados internos y externos.

La reorganización de los contratos de concesión ferroviaria tiene implicancias logísticas de largo alcance. De su correcta implementación dependerán la capacidad del país para optimizar sus corredores bioceánicos, acelerar el tránsito de exportaciones, y mejorar la resiliencia del sistema de transporte frente a cuellos de botella estructurales.

El Decreto 478/2025 representa, así, una oportunidad para repensar el sistema ferroviario como pieza central de una logística más eficiente, soberana y orientada al desarrollo productivo.