La nueva resolución busca fortalecer la prevención de riesgos sobre infraestructura crítica, transporte y cadenas de suministro asociadas a proyectos estratégicos de energía, minería e industria
El Gobierno nacional oficializó la creación de una “Mesa de Coordinación para la Seguridad de Inversiones Estratégicas” vinculada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con foco en la prevención de riesgos asociados al narcotráfico y la criminalidad organizada sobre proyectos considerados estratégicos para la economía argentina. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 461/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional.
La resolución reconoce que los proyectos alcanzados por el RIGI involucran infraestructura crítica, cadenas de suministro y flujos significativos de bienes, capital y personas, especialmente en sectores como energía, minería, infraestructura, industria y tecnología. En ese marco, el Gobierno plantea la necesidad de desarrollar mecanismos específicos de coordinación para reducir vulnerabilidades vinculadas a delitos económicos, lavado de activos, infiltración criminal y riesgos operativos.
Actualmente, el régimen concentra proyectos distribuidos en provincias como San Juan, Neuquén y Río Negro, además de Catamarca, Salta, Mendoza y Buenos Aires, donde avanzan iniciativas de gran escala asociadas a actividades extractivas, energéticas e industriales. Según el texto oficial, hacia fines de 2025 el RIGI ya acumulaba inversiones aprobadas por más de 13.000 millones de dólares y una cartera superior a veinte proyectos en distintas etapas de evaluación.
Logística, trazabilidad y prevención
Uno de los puntos centrales de la resolución es la referencia explícita a las posibles vulnerabilidades que pueden surgir sobre los sistemas de trazabilidad, logística y supervisión estatal vinculados a grandes proyectos de inversión. El documento advierte que organizaciones criminales podrían intentar aprovechar la complejidad operativa de estos desarrollos para infiltrar actividades ilícitas o generar rentas ilegales.
En ese contexto, la nueva mesa buscará coordinar acciones entre organismos nacionales, provincias, municipios y actores privados vinculados a las operaciones estratégicas. La normativa habilita además la participación de empresas titulares de proyectos, cámaras empresarias, concesionarios de infraestructura, contratistas y operadores de transporte, logística y servicios asociados.
El objetivo oficial es promover protocolos sectoriales de prevención, capacitaciones, mecanismos de reporte temprano y canales de intercambio de información para fortalecer la continuidad operativa de las inversiones y proteger infraestructuras consideradas sensibles. La resolución señala además que estas acciones no implicarán nuevas cargas económicas ni burocráticas para las compañías involucradas.
La medida incorpora así un nuevo componente de seguridad preventiva sobre proyectos que demandan movimientos complejos de equipamiento, insumos y personal especializado en distintas regiones del país, especialmente en sectores donde las operaciones logísticas suelen desarrollarse en corredores de alta sensibilidad estratégica.
Coordinación sobre proyectos estratégicos
La nueva estructura funcionará dentro del Ministerio de Seguridad Nacional y estará integrada por áreas vinculadas a la lucha contra el narcotráfico, la criminalidad organizada y las fuerzas federales. Además, podrá articular acciones con organismos provinciales y con el Ministerio de Economía.
Entre las funciones previstas se encuentra el análisis de amenazas emergentes asociadas a inversiones estratégicas, incluyendo riesgos sobre corredores logísticos, infraestructura energética y operaciones vinculadas al transporte de materiales, equipamiento y servicios para proyectos de gran escala.
El texto oficial también hace referencia a estándares internacionales y experiencias comparadas que impulsan esquemas de cooperación público-privada para reducir vulnerabilidades en proyectos de gran magnitud. En particular, menciona la necesidad de fortalecer herramientas de prevención temprana, intercambio de información y monitoreo sobre actividades vinculadas a economías ilícitas.
Desde el punto de vista operativo, la resolución incorpora formalmente a los operadores logísticos, empresas de transporte y concesionarios de infraestructura dentro de los esquemas de articulación preventiva previstos para los proyectos alcanzados por el RIGI. La medida refleja cómo la seguridad de las cadenas logísticas comienza a ganar relevancia dentro del diseño operativo de inversiones vinculadas a minería, energía e infraestructura en Argentina.