El acuerdo con la UE ya redujo aranceles y anticipa más demanda de contenedores refrigerados, trazabilidad sanitaria y capacidad portuaria, mientras las pymes suman apoyo técnico para vender afuera
La necesidad de contar con reglas estables para atraer capitales y ampliar el intercambio con Europa fue el eje de la mesa redonda que cerró el 2 de octubre la Semana Argentina en París. El encuentro reunió a funcionarios, representantes empresariales y especialistas en derecho para evaluar las oportunidades del acuerdo Mercosur-UE, cuyo pilar comercial se aplica de forma provisional desde mayo.
Durante la jornada se abordaron cinco frentes con impacto directo en las operaciones de comercio exterior: agroindustria, seguridad alimentaria, infraestructura, cadenas de valor globales y arbitraje internacional. El énfasis estuvo puesto en la resolución eficaz de controversias y en un marco previsible para proyectos de largo plazo.
Como resultado del panel, el Ministerio de Justicia suscribió una declaración conjunta con la Cámara de Comercio Internacional, entidad que ofició de anfitriona, en la que ambas partes se comprometieron a profundizar el diálogo público-privado en materia de inversión y estado de derecho. El documento lleva la firma del ministro Juan Bautista Mahiques y del embajador en Francia, Ian Sielecki.
La actividad formó parte de una agenda más amplia que se desarrolló entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, con exposiciones en la sede de la OCDE y paneles temáticos sobre energía y minerales críticos, tecnología, inteligencia artificial y sector pesquero. La delegación incluyó a funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios.
Un tratado que ya modifica las condiciones de acceso
El trasfondo de la discusión es concreto. El Consejo de la UE aprobó en enero la firma y la aplicación provisional del tratado, y la Argentina fue el primer socio sudamericano en completar la ratificación interna, a través de la Ley 27.800, sancionada el 26 de febrero. Uruguay, Brasil y Paraguay concluyeron luego sus propios procesos.
Desde el 1 de mayo rigen las disposiciones comerciales, lo que habilitó la eliminación inmediata de una parte de los aranceles. Para el bloque sudamericano, el interés se concentra en el ingreso a Europa de carne bovina, aves, azúcar, arroz, miel y soja, mientras que del lado europeo se esperan mayores envíos de automóviles, maquinaria y bebidas.
Sin embargo, la vigencia plena todavía no está asegurada. El Parlamento Europeo solicitó que el Tribunal de Justicia de la UE se expida sobre la legalidad del texto, un proceso que podría extenderse cerca de un año y medio. Esa incertidumbre normativa explica por qué la estabilidad de las reglas ocupó un lugar central en el debate parisino.
Por qué la seguridad jurídica pesa en la logística
Para los operadores, la previsibilidad no es un concepto abstracto. Terminales portuarias, corredores ferroviarios, plantas de procesamiento o centros de acopio requieren horizontes de recuperación prolongados, y cualquier cambio en las condiciones contractuales altera el costo del financiamiento y, en consecuencia, las tarifas que pagan los cargadores.
En ese terreno, el arbitraje internacional funciona como un mecanismo de reaseguro: permite que las disputas entre inversores, proveedores y contrapartes se diriman ante tribunales especializados y con reglas conocidas de antemano. Para un exportador, eso se traduce en menor riesgo contractual en acuerdos de compraventa, fletes o seguros.
La agroindustria aparece como el primer sector llamado a capitalizar la apertura. Una mayor demanda europea de alimentos implica más contenedores refrigerados, mayor exigencia en trazabilidad y certificaciones sanitarias, y presión sobre la capacidad de puertos y accesos viales, factores que dependen tanto de inversión como de normas estables.
Las delegaciones también vincularon la seguridad alimentaria con la integración productiva: Europa busca proveedores confiables y el Mercosur aspira a sumar etapas de industrialización en origen. Ese salto exige infraestructura logística capaz de sostener volúmenes crecientes con estándares de calidad homogéneos.
Las pymes, en el radar de la internacionalización
Otro de los anuncios de la jornada involucró a la agencia oficial de promoción comercial, que se incorporará como socio técnico local de un programa regional orientado a facilitar la internacionalización de pymes y su participación en el intercambio con otros mercados del continente.
La iniciativa apunta a un segmento que suele enfrentar las mayores barreras para exportar: falta de información sobre requisitos de destino, costos de certificación y dificultades para coordinar el transporte internacional. Según datos de la propia agencia, en 2025 participó en 108 ferias internacionales con representantes de más de 1.500 empresas argentinas.
Para estas firmas, contar con acompañamiento técnico puede marcar la diferencia entre una operación aislada y un flujo exportador sostenido. La coordinación con despachantes, operadores y organismos de control resulta determinante para cumplir plazos de entrega y evitar sobrecostos por demoras en frontera.
De cara a los próximos meses, la evolución del fallo europeo y la capacidad de traducir los compromisos firmados en reglas aplicables marcarán el ritmo de las nuevas inversiones. Para el comercio exterior argentino, el desafío será acompañar la baja de aranceles con mejoras en puertos, rutas y procesos aduaneros que permitan aprovechar el acceso preferencial al mercado europeo.